El Ayuntamiento de Albox tendrá que indemnizar a Cespa con 1,3 millones de euros
Los motivos se deben al cese del contrato de concesión del servicio de limpieza en 2010
El Ayuntamiento de Albox deberá pagar a la empresa Cespa SA casi 1,3 millones de euros por los beneficios que dejó de percibir después de que se rompiese el contrato de concesión del servicio de limpieza de edificios públicos, viaria y mantenimiento de los parques y jardines del municipio en 2010, bajo mandato del ex socialista José García.
El Tribunal Supremo ha estimado el recurso contencioso-administrativo de la mercantil contra una resolución previa del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (TSJA) al considerar que tiene derecho a esta indemnización en concepto de lucro cesante ya que el contrato se resolvió a instancia de la concesionaria debido a la demora de más de seis meses en el pago de facturas por parte del consistorio albojense.
La sentencia del Alto Tribunal indica que, cuando la resolución del contrato de gestión o de concesión de servicios se debe a este motivo, el contrarista "tiene derecho a una indemnización por daños y perjuicios que engloble el lucro cesante" y lo cifra en 1.289.979,85 euros.
"Que la resolución la inste el contratista no quita para que venga su causa de incumplimiento de la administración que incurre en mora en el pago de lo debe", añade para remacar que implica "un efecto sorpresivo en el contratista, que ve frustrada la expectativa de beneficio" y además "ve como resulta antieconómico mantener la relación contractual".
Si bien el TSJA estimó en su día parcialmente la impugnación que hizo el Ayuntamiento de Albox contra la sentencia de instancia del Juzgado de lo Contencioso-administrativo 3 de Almería y negó el derecho a indemnización por lucro cesante, sí confirmó la condena a pagar otros conceptos.
En concreto, 24.339 euros en concepto de restitución parcial del precio desembolsado con motivo del arrendamiento de un local titularidad del Ayuntamiento y 30.050 euros como devolución de la garantía definitiva prestada con ocasión de la formalización del contrato en 2010. También se produjo una satisfacción procesal sobre el pago de 3.380.870,29 euros.
